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Con los números justos y una tensión generalizada que no amainó hasta que el tablero dio el resultado final pasadas las 11 de la noche, la oposición se anotó su primer triunfo en la Cámara de Diputados aprobando con 132 votos la Boleta Única de Papel con 104 en contra. Fue la prueba de fuego para un sector de Juntos Por el Cambio y otros bloques minoritarios de la oposición que fantasean con armar un revival del grupo A que se haga con el control de la agenda de la Cámara Baja. Hasta minutos antes del comienzo de la sesión, sin embargo, la oposición transpiró por el quórum, llegando por un pelo a los 129 diputados necesarios pero con dos ausencias de último momento que despertaron las alarmas. El Frente de Todos, al igual que la izquierda, se opuso a la reforma del sistema de votación y, entre los gritos de algunos diputados, denunció la puesta en escena de un “circo” que no hacía a la transparencia del sistema electoral.

“Todos sabemos el costo que tiene participar una elección, todos sabemos que solo las grandes estructuras partidarias logran sostener sus boletas en todas las provincias. Todos sabemos de las maniobras de robo de boletas. Todos sabemos lo que significa sostener una estructura de fiscalización. Por esto es que necesitamos la boleta única”, sostuvo Silvia Lospenatto (PRO) en su discurso de cierre, previo a que el proyecto de Boleta Única de Papel fuera aprobada por 132 votos a favor (JxC, el interbloque Federal, Juntos Somos Río Negro, los libertarios y, como sorpresa, Claudio Vidal), 104 en contra y 4 abstenciones (la izquierda). “Quedó claro que lo que les importa es que lograron conformar una nueva mayoría. No les interesa la boleta única, lo único que les interesa es que haya una demostración de una mayoría mínima circunstancial con el objetivo de instalar un titular”, sostuvo el presidente de bloque del FdT, Germán Martínez, quien se terminó cruzando con el diputado del PRO que presidió la sesión por el viaje de Sergio Massa, Omar de Marchi.

La sesión había comenzado a las 14.15 cuando, una vez que el tablero del recinto dio cuenta que se había alcanzando los 129 legisladores, la oposición estalló en aplausos. Había sido una previa tensa, con una mayoría opositora frágil que se había visto afectada por la baja por Covid de Mario Negri y la neblina que había cubierto la Ciudad de Buenos Aires, que demoró vuelos y obligó a atrasar cuatro horas el inicio de la sesión. Hubo dos ausencias inesperadas: el neuquino Rolando Figueroa y la libertaria defensora de genocidas, Victoria Villarruel. Villarruel aseguró que se le había hecho tarde, pero el diputado del Movimiento Popular Neuquino había amenazado con cambiar de opinión. Si bien terminó votando a favor, hizo transpirar a la oposición no presentándose a dar el quórum (una maniobra que fue resultado de una conversación con el oficialismo). El FdT, que antes del comienzo de la sesión se mostraba muy tranquilo – “Hoy les toca a ellos laburar”, ironizaban -, bajó al recinto una vez que la oposición consiguió el quórum.

El protagonista oculto del día fue Emilio Monzó, el ex presidente de la Cámara de Diputados del macrismo – aunque ahora peleado con Mauricio Macri – que funcionó como uno de los principales armadores de la alianza con el resto de los bloques de la oposición, así como uno de los encargados de asegurarse que todos estuvieran sentados en sus bancas en el momento de la votación. “El nuevo presidente del interbloque”, ironizaba un legislador radical, aludiendo a la vacante que aún persiste en JxC. Durante su discurso de cierre, Graciela Camaño graficó esta nueva alianza cuando, esgrimiendo un conjunto de boletas partidarias del municipio de Moreno pegadas entre sí, le pidió ayuda a Monzó para desplegarla a lo largo del recinto.

La iniciativa aprobada propone un sistema similar al cordobés, en donde toda la oferta electoral nacional se encuentra en una sola boleta. Aparecen solo los nombres de los primeros cinco candidatos a Diputados -con foto de los dos primeros-, aunque la lista completa estará en una ficha en el lugar de votación.

Fuente: Página 12

El Poder Ejecutivo prorrogará las sesiones ordinarias del Congreso hasta fin de año para extender las negociaciones de la agenda legislativa, que este año  se vio interrumpida por el proceso electoral, y a la expectativa del proyecto que anunció el presidente Alberto Fernández, en la noche del domingo, que contendrá un posible acuerdo con el FMI. El decreto que se publicará en la noche del martes extenderá las sesiones ordinarias que regularmente finalizan el 30 de noviembre.

Con esta iniciativa, el Gobierno abre un tiempo de negociación con la oposición, a semanas del recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando asumirán los diputados y senadores electos el domingo pasado. El jefe de Estado anunció en la noche de las elecciones que enviaría un proyecto de “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”, que contendrá los entendimientos alcanzados hasta el momento con el FMI, y deberá ser negociado con los bloques opositores.

Es el tercer año consecutivo en el que el presidente Alberto Fernández extiende el año legislativo. En 2019, a días de asumir, llamó a sesiones extraordinarias para diciembre para tratar las emergencias económica, sanitaria y social; en 2020, volvió a hacerlo cuando extendió las sesiones parlamentarias ordinarias hasta el 11 de diciembre y llamó a extraordinarias desde el 12 de diciembre hasta el 28 de febrero. Este año, según trascendió, el Gobierno buscará cerrar los temas legislativos pendientes en diciembre y no convocar a extraordinarias.

Semanas atrás, el presidente de la bancada del Frente de Todos del Senado, José Mayans, había anticipado la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar las sesiones hasta el 9 de diciembre, un día antes del recambio parlamentario. En ese período de 25 días entre las elecciones legislativas y el 10 de diciembre, según Mayans, el Congreso debía aprobar la Ley de Presupuesto 2022.

Fuente: Página 12

A última hora de la noche, y después de que se conociera el resultado de las elecciones legislativas 2021, el presidente Alberto Fernández difundió un mensaje grabado. Allí confirmó que en los próximos días convocará a la oposición para consensuar una agenda de trabajo. En la misma línea hizo un anuncio sorpresivo: que en la primera semana de diciembre enviará al Congreso un proyecto de ley que tendrá un programa económico plurianual, que contará con un detalle con referencia a los niveles de emisión, inflación, actividad económica y gasto público, entre otros datos, previsto para los próximos años.

Lo anunciado por el mandatario se relaciona en forma directa con los trascendidos previos a la jornada, donde el staff del FMI le habría solicitado al Gobierno una hoja de ruta fiscal y económica, pero, sobre todo, un compromiso de legisladores, fuerzas políticas y de parte del empresariado y conducción sindical avalando dicho derrotero.

Esa iniciativa contaría ya con el aval de todos los socios del Frente de Todos, incluido el propio kirchnerismo. De esta manera, el Gobierno da una señal contundente sobre la posibilidad de reencausar las conversaciones con el FMI que lo depositen en un acuerdo para no caer en el default. Al mismo tiempo, le devuelve protagonismo a la discusión por el presupuesto 2022, que en forma obligada deberá conciliar las metas de carácter económico con las presentadas ante el FMI.

Para apuntalar esta discusión, el Gobierno no sólo utilizará el Congreso Nacional. También habilitará, como anticipó Ámbito y señaló esta noche el propio presidente, el Consejo Económico y Social que conduce el secretario Gustavo Béliz.

Los argentinos sufren la fractura social más importante de los últimos lustros. Inflación, dólar, empleo, salario, poder adquisitivo, productividad, puja distributiva son sólo algunos de los temas pendientes que no han encontrado aún una respuesta. Para rubricar esta terrible realidad están los datos de pobreza e indigencia. Los desafíos económicos que se inscriben para el presidente Alberto Fernández parecen estar claros.

El Gobierno quiere retomar una agenda con temas de economía y sociedad, dos pendientes mucho más urgentes que hace unos años por el impacto de la pandemia. Deberá interpelar, resultado de elección mediante, a todas las figuras de su coalición, sopesar el apoyo con el que cuenta. Pero también deberá buscar aliados en otros espacios. Para ello, Béliz tiene una función vital: nada más y nada menos que convertirse en el anfitrión de las principales discusiones que buscarán consenso. Podrá utilizar el Consejo.

El próximo miércoles, el día de la militancia, habrá, en principio, movilización y apoyos varios a la figura presidencial y al elenco, y en su figura, dicen, un nuevo voto de confianza a la coalición que es el Frente de Todos. Esa fecha gatilla la conmemoración del retorno de Juan Domingo Perón al país después de casi 20 años en el exilio. Estará la cúpula de la flamante CGT, los sindicatos peronistas, los movimientos sociales. El jefe de Gabinete Juan Manzur seguramente logrará enhebrar el apoyo de los gobernadores (exceptuando a los del peronismo sojero). También se busca, aunque aún no hay certezas en la Casa Rosada, que toda La Cámpora pueda confluir en el acto.

Hay algunas señales que ya pueden avizorarse. Fue Sergio Massa el que evidenció un punto de inflexión en la relación de los socios del Frente de Todos cuando hace unos días convocó a todos los sectores políticos, económicos y sociales para el 15N, el día después de las elecciones. Desde hoy, la convocatoria incluiría a todos los partidos de la oposición, empresarios, sindicatos y organizaciones.

El Gobierno también se ilusiona con el peso relativo que puedan aportarle los dirigentes empresarios, algo que también le pide el FMI. Algunos que ya están en la lista, como Daniel Herrero, de Toyota, Antonio Aracre de Syngenta, Sergio Kaufman de Accenture y Laura Barnator de Unilever. Pero también el ex titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo; el Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló; el Presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; el integrante de la flamante conducción de la CGT, Carlos Acuña; el Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Alberto Barbieri; el Secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban “Gringo” Castro; el Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech; y el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky. Y hay más.

Con todo, el gran desafío será “meter” en esa agenda las cuestiones que urgen a los argentinos: la creación de puestos de trabajo, el freno de la erosión del poder adquisitivo, el lanzamiento de un plan integral exportador que pueda generar divisas, retomar un diálogo fluido con todo el sector agropecuario. Y hay dos más: consensuar una posición única para retomar la negociación con el FMI y encaminar la política cambiaria que no para de darle urgencias al Gobierno. En rigor, el desafío será ponerse en la piel del argentino promedio, que atravesó cuatro años de políticas económicas erradas en el desvarío de Cambiemos en el poder y dos años de pandemia que profundizaron esos desequilibrios, en medio de la fractura social más relevante de las últimas décadas.

Fuente: Ámbito

Hoy se trata en el Congreso un proyecto que busca crear un Programa Nacional de Oncopediatría para proteger a niños y adolescentes que estén cursando la enfermedad.

En el día de ayer, se reunió la Comisión Nacional de Familia, Niñez y Adolescencia, de la que el diputado sanjuanino Walberto Allende es parte, y allí dio su apoyo al proyecto. También se expresó sobre el en sus redes sociales y afirmó: ” Se trata de un paso fundamental en la salud pública que prioriza la atención de niños con enfermedades oncológicas pero con una mirada integradora, que incluye a la familia del niño a su forma de vida. Es algo en lo que el Estado debe estar presente más que nunca”.

El proyecto establece la “Creación Sistema Nacional de Protección al Enfermo Oncológico Infantil”, para todo el territorio de la República Argentina, cuya finalidad es garantizar el tratamiento de los niños y adolescentes con enfermedades oncológicas, desde el diagnóstico inicial hasta su finalización.

En sus fundamentos se destaca que este sistema de protección debe garantizar el completo acceso a la salud en el país, como derecho fundamental reconocido en la Constitución Nacional. También señala que son muchas las dificultades que atraviesan los pacientes oncológicos, ya sea a nivel burocrático, económico y social, lo cual influye negativamente en el desarrollo de los tratamientos y posibilidades de curación.

Agrega el proyecto que si bien existen planes y programas destinados a los pacientes oncológicos infanto-juveniles, es necesaria una normativa integral que abarque todas las aristas que la patología requiere. De sancionarse, esta ley dará protección a los pacientes oncológicos hasta los 18 años de edad que se encuentren en tratamiento, el que continuará hasta su finalización.

Además señala que se busca promover y adoptar un abordaje intersectorial e interdisciplinario del cáncer infantil en todos los niveles de atención y prevención.